SENTENCIA T.S. (Sala Contencioso-Advo), de 12 junio 1997.

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.

     Contra el Reglamento de Régimen Interior de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana.
Inadmisibilidad. Norma con rango de Ley.
 
 

     El recurso de apelación es deducido por la Generalidad Valenciana frente a la sentencia dictada con fecha 14 de marzo de 1988, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la antigua Audiencia Territorial de Valencia que estimó el recurso interpuesto por la Federación de Juntas de Participación Vecinal contra el Acuerdo de 19 de septiembre de 1986 de la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de las Cortes Valencianas por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Sindicatura de Cuentas.

     El Tribunal estimó el recurso.
 

Primero.

     La Generalidad Valenciana recurre en apelación contra la sentencia dictada por la Sala de la Audiencia Territorial de Valencia que declaró la nulidad del Reglamento de Régimen Interior de la Sindicatura de Cuentas, aprobado por Acuerdo de 19 de septiembre de 1986, de la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat. La sentencia impugnada considera que el citado Reglamento -en lo sucesivo RRI- no es una Ley en sentido
formal sino un Reglamento ejecutivo dictado al amparo de la habilitación contenida en la Disposición Adicional Unica de la Ley de la Generalidad Valenciana de 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Cuentas -en lo sucesivo S. de C.- y aprobado sin el previo y preceptivo dictamen del Consejo de Estado, vicio éste determinante de su nulidad. Para poder llegar a tal pronunciamiento, la sentencia, aunque no lo recoja en el fallo, rechaza la causa de inadmisibilidad opuesta por la Generalidad Valenciana al amparo del art. 82.a), en relación con el art. 37, ambos LJCA, por entender que, al tratarse de una norma con rango de Ley, su impugnación únicamente puede ser planteada ante el Tribunal Constitucional, todo ello conforme a lo previsto en los arts. 153.a), 161.1,a) CE, 2.1,a) y 27 LOTC, y 29.1 del Estatuto de la Comunidad Valenciana -en lo sucesivo ECV-. Esta Sala discrepa del razonamiento y fallo de la sentencia apelada y considera que el recurso ha sido interpuesto contra una norma con rango de Ley, por lo que debió ser acogida la causa de inadmisibilidad opuesta.

Segundo.

     El art. 59 ECV establece: «El control económico y presupuestario de la actividad financiera de la Generalidad Valenciana corresponde a la S. de C., sin perjuicio de lo establecido en la legislación del Estado. Una Ley de las Cortes Valencianas fijará su composición y funciones, así como el Estatuto de sus miembros». De conformidad con este precepto estatutario, las Cortes Valencianas aprobaron la L 11 de mayo de 1985, de S. de C., modificada por la de 23 de diciembre de 1988, cuya Disposición Adicional Unica dispone: «Antes de transcurridos nueve meses, a partir de la aprobación de esta Ley, la S. de C. elevará a las Cortes Valencianas un proyecto de normas de régimen interior para su discusión y aprobación». La S. de C., dependiente orgánicamente de las Cortes Valencianas, si bien goza de total independencia funcional para el mejor cumplimiento de sus funciones (párrafo 2 del art. 1 LSC) cumplió lo previsto en la Disposición Adicional Unica y remitió a las Cortes Valencianas el Proyecto del RRI. Con arreglo a lo establecido en la Resolución de la Presidencia de dichas Cortes núm. 1058/1, de 20 de marzo de 1986, la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat, que es la primera de las Comisiones Permanentes Legislativas de las Cortes Valencianas (art. 41 de su Reglamento), en reunión celebrada el 19 de septiembre de 1986, debatió dicho proyecto y las enmiendas presentadas por los Grupos Parlamentarios. Finalmente a Comisión, en virtud de lo establecido en el art. 14.2 ECV, la Disposición Adicional Unica Ley 6/1985, y de acuerdo con el procedimiento establecido en la Resolución de la Presidencia antes citada, aprobó el Reglamento que la sentencia recurrida ha declarado nulo.

Tercero.

     De acuerdo con la LSC, a ésta corresponde el control externo económico y presupuestario de la actividad financiera del sector público valenciano, así como de las cuentas que la justifiquen (art. 1). A los efectos de la LSC, el sector público valenciano estáintegrado por las Entidades, Organismo y Corporaciones determinados en su art. 2 -entre ellos, la Generalidad Valenciana y sus Organismos Autónomos-. Por delegación de las Cortes Valencianas, la S. de C. ejerce las funciones que establece el art. 3. Corresponde también a la S. de C. «el asesoramiento a las Cortes Valencianas en las materias propias de su competencia», siempre a requerimiento de aquellas Cortes (arts. 5.2 y 13 LSC). Entre las funciones que corresponden al Consejo, órgano supremo de la S. de C., debemos destacar ahora la de «emitir informe anual sobre la gestión económica del sector público valenciano e incluso de las propias Cortes Valencianas» [art. 17.e) LSC]. Son las Cortes Valencianas la que eligen a los tres miembros de la S. de C. (art. 23 y Disposición Transitoria primera LSC).

Cuarto.

     Con arreglo al RRI recurrido, la actuación de la S. de C. se ajustará al ordenamiento jurídico y, singularmente, a las prescripciones de su Ley reguladora y a las normas de este RRI, de cuyo contenido, dividido en seis títulos, vamos ahora a detener la atención en el art. 83.2 y en la Disposición Adicional. El art. 83.2 -comprendido dentro del título VI «Del personal»- dispone: «El contenido de dicha relación se regirá por los preceptos de este título y, en lo en él no previsto, por la legislación general de la Función Pública Valenciana», dentro de la cual se integran normas con rango de Ley. La Disposición Adicional dice: «Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 51.2 de la Ley de Hacienda Pública de la Generalidad Valenciana, y en virtud de lo dispuesto en el art. 17.e) LSC, las Cortes Valencianas justificarán su gestión a la S. de C., para lo que remitirán sus cuentas generales antes del treinta de junio del año siguiente al del ejercicio económico al que corresponda».

Quinto.

     Hemos expuesto hasta aquí el ordenamiento jurídico más directamente relacionado con los aspectos procedimentales, materiales e institucionales -utilizando este último término para referirnos a la posición que ocupa la S. de C. dentro de la Comunidad Autónoma Valenciana, según el reparto de funciones que lleva a cabo el bloque constitucional integrado por la Constitución, el ECV y normas con rango de Ley estatales y autonómicas- que concurren en el supuesto enjuiciado. A su vista, la Sala entiende, en primer lugar, que el proyecto del RRI de la S. de C. remitido a las Cortes Valencianas por la Sindicatura, en ejercicio de un poder de iniciativa reconocido por la propia LSC (Disposición Adicional Unica), objeto de las enmiendas que pudieron presentar todos los Grupos Parlamentarios, ha sido debatido y aprobado por una Comisión Permanente de aquellas Cortes dotada de competencia legislativa plena. Se ha seguido, pues, un procedimiento estrictamente legislativo, al término del cual ha recaído la aprobación de un órgano parlamentario dotado del poder necesario para crear una norma con rango de Ley. Consiguientemente, el producto resultante de tal procedimiento de discusión y aprobación tiene, precisamente, ese mismo rango de Ley. Ha sido el mismo legislador -Disposición Adicional Unica LSC- el que ha querido encomendar a las Cortes Valencianas la discusión y aprobación del RRI. Degradar al nivel de Reglamento -que eso es lo que lleva a cabo la sentencia- una norma que el legislador autonómico ha establecido que  sea Ley, supondría, lisa y llanamente, una vulneración del art. 10 ECV, que dice: «la potestad legislativa dentro de la Comunidad corresponde a las Cortes Valencianas, que representan al pueblo». En segundo lugar, el Reglamento aprobado regula el Régimen Interior de una Institución -la S. de C.- que ejerce sus funciones de control del sector público valenciano por delegación de las Cortes Valencianas, lo que aleja su naturaleza de las disposiciones administrativas a que se refiere el art. 74.1,c) LOPJ, y todavía más de los Reglamentos ejecutivos que pudieran tener origen en los órganos que ejercen la potestad reglamentaria (art. 106.1 CE y 17.1 ECV). Sería incompatible con la separación de poderes que respectivamente ejercen el Gobierno y las Cortes Valencianas que aquél, el Gobierno, regulase aspectos del funcionamiento de un órgano, la S. de C., que actúa por delegación de las Cortes y que cabalmente tiene entre sus funciones la de controlar precisamente al Gobierno. Por otra parte -y en tercer lugar- en el RRI se encuentran preceptos constitucionalmente reservados a normas con rango de Ley, preceptos que por ello mismo no pueden encontrar emplazamiento idóneo en una disposición general como son los reglamentos ejecutivos. Finalmente, atribuir al RRI rango de norma con rango de Ley no significa, como se desprende de la sentencia impugnada, que se cree una situación de indefensión. Además del control político que todos los Grupos Parlamentarios pueden llevar a cabo a través de su participación en la tramitación seguida ante la Comisión Parlamentaria competente, está el control de constitucionalidad que al Tribunal Constitucional encomienda con exclusividad el art. 27.2,f) LOTC. Téngase en cuenta que el contenido  propio de los Reglamentos a que este artículo se refiere no tiene necesariamente que encontrarse en un cuerpo único.

Sexto.

     Por todo lo expuesto, procede estimar este recurso, dejar sin efecto la sentencia impugnada y declarar que el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Federación de Juntas de Participación Vecinal es inadmisible por concurrir el supuesto previsto en el art. 82.a), en relación con el art. 1, ambos de la LJCA, pronunciamiento al que se llega sin que proceda la condena en costas, conforme al art. 131.1 LJCA.