Jurisprudencia Constitucional

SENTENCIA TC 214/1989, de 21 de diciembre
BOE 10, de 11 de enero de 1990

[extracto]

     El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Tomás y Valiente, Presidente; don Francisco Rubio Llorente, don Antonio Truyol Serra, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Eugenio Díaz Eimil, don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, don Jesús Leguina Villa, don Luis López Guerra, don José Luis de los Mozos y de los Mozos, don Alvaro Rodríguez Bereijo y don Vicente Gimeno Sendra, Magistrados, ha pronunciado,

EN NOMBRE DEL REY
la siguiente

SENTENCIA

     En los recursos de inconstitucionalidad, acumulados, núms. 610/1985, interpuesto por el Parlamento de Galicia, representado por su Presidente; 613/1985, interpuesto por la Junta de Galicia, representada por el Abogado don Angel Fenor de la Maza y Cornide-Quiroga; 617/1985, interpuesto por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, representado por los Abogados don Ramón María Llevadot Roig, don Manuel María Vicéns Matas y don Albert Reventós Soler, y el 619/1985, interpuesto por el Parlamento de Cataluña, representado por su Presidente; todos ellos contra determinados preceptos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. Ha sido parte el Abogado del Estado en representación del Gobierno. Ha sido Ponente el Magistrado don José Luis de los Mozos y de los Mozos, quien expresa el parecer del Tribunal.


I. Antecedentes

[]

10. Mediante escrito, que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional, el día 3 de julio de 1985, los Abogados de la Generalidad de Cataluña, don Ramón María Llevadot Roig, don Manuel María Vicens i Matas y don Albert Raventós Solé, en su representación y defensa, interpusieron recurso de inconstitucionalidad contra los siguientes artículos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local: 2 (y por conexión con él, arts. 4, apartado 2; 25, apartado 3; 36, apartado 1, enunciado general); 5 [y por conexión general, art. 105, apartado 1, primera proposición, y Disposición transitoria primera; por conexión con su apartado A), arts. 20, apartado 2, y 32, apartado 2; por conexión con su apartado B), letra a), Disposición transitoria segunda, párrafo primero, y por conexión con su apartado C), art. 88, párrafo primero]; 9; 14, apartado 1: 27. apartado 3; 30; 42, apartado 4; 55, apartados a)y b); 58, excepto el último párrafo de su apartado 2; 59, en lo que concierne a las facultades de coordinación que confiere al poder central; 65; 67; 98, apartado 1, párrafo primero; 99, apartados 1, 2 y 3; 115: 116 y 117.

11. Se formulan, como fundamento del recurso, las siguientes alegaciones, sintéticamente expuestas en este momento:

F) Tras estas consideraciones de carácter general, los motivos de inconstitucionalidad de los diversos preceptos que se impugnan se argumentan en los términos siguientes:

[]

t) Considera, asimismo, la Generalidad de Cataluña, en coherencia con lo ya sostenido en el recurso de inconstitucionalidad 426/1984, que los arts. 115 y 116 de la Ley que impugna son inconstitucionales en cuanto que atribuyen al Tribunal de Cuentas unas funciones que, de acuerdo con el art. 42 del E.A.C., la Ley 6/1984 de Cataluña atribuye a la denominada Sindicatura de Cuentas de Cataluña. Y es que debe insistirse en que la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de 12 de mayo de 1982, en art. 4.1 c), incurrió en exceso de competencia -que lógicamente arrastra a la Ley en causa- al incluir entre las Entidades sujetas a su jurisdicción a las Entidades locales, siendo así que el art. 136.1 y 2 de la Constitución circunscribe las funciones del referido Tribunal al examen y censura de las cuentas «del Estado y sector público estatal» o de la «Cuenta general del Estado», la cual, conforme a lo que preceptúa el art. 132 de la Ley General Presupuestaria, no comprende las cuentas de las Entidades locales.

     En consecuencia, si, por una parte, se tiene en cuenta que la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas no puede ser título habilitante para atribuir a dicho Tribunal las competencias de censura de cuentas sobre las Entidades locales en contra de lo que preceptúan los términos más restringidos del art. 136 de la Constitución, y por otra, se advierte que la Generalidad de Cataluña dispone de competencia exclusiva sobre el «régimen local» (ateniéndose a las bases aludidas en el art. 149.1.18.ª de la Constitución) y además, le corresponde la tutela financiera sobre los Entes locales (art. 48 E.A.C.), ya se habrá instuido que si no quieren desvirtuarse los términos explícitos de la Constitución o dejarse sin contenido las competencias autonómicas sobre «régimen local» y «tutela financiera» no queda otra alternativa que reconocer que las facultades que los arts. 115 y 116 de la Ley impugnada atribuyen al Tribunal de Cuentas corresponden, en Cataluña, a la Sindicatura de Cuentas, conforme a lo que estatuyen el art. 42 del E.A.C. y la Ley del Parlamento catalán de 5 de marzo de 1984, siendo, en conclusión, tales preceptos anticonstitucionales en lo que concierne al ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma.

[]

II. Fundamentos jurídicos

[]

28. Los arts. 115 y 116 son impugnados por la Generalidad de Cataluña por cuanto atribuyen al Tribunal de Cuentas unas funciones que, de acuerdo con el art 42 del E.A.C. la Ley de Cataluña 6/1984, atribuye a la llamada Sindicatura de Cuentas. Teniendo en cuenta -según la Generalidad- el exceso de competencia en el que incurrió el art. 4.1 c) de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, al someter a su jurisdicción a las Entidades locales, no cabe ahora, pues, sino concluir que también los preceptos que se impugnan han incurrido en idéntico vicio, todo ello, además, a la luz de los arts. 149.1.18.ª de la Constitución y 48 del EAC, por lo que procedería declarar que las facultades previstas en los artículos que se impugnan corresponden en Cataluña a la Sindicatura de Cuentas.

     La cuestión planteada por la Generalidad de Cataluña ha sido ya resuelta por este Tribunal Constitucional en su STC 187/1988, de 17 de octubre, a cuya doctrina, por tanto, no cabe ahora sino remitirse. Se impugnaban por el Abogado del Estado en aquella ocasión, entre otros, los arts. 5 b) y 9.1 de la Ley del Parlamento de Cataluña 6/1984, de 5 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas, que establecen, respectivamente que «a efectos de la presente ley, componen el sector público de Cataluña... b) Las Corporaciones Locales y sus organismos autónomos» y que «las Corporaciones Locales rendirán sus cuentas de cada ejercicio directamente a la Sindicatura de Cuentas antes de 31 de julio del año siguiente al de cierre del ejercicio».

     Pues bien, en el fundamento jurídico 8.º de dicha Sentencia, ya quedó sentado que, de acuerdo con el art. 136.1 de la Constitución, «la fiscalización externa de las Corporaciones Locales por el Tribunal de Cuentas derivada del art. 4.1 C) de la Ley Orgánica 2/1982 (...), no supone pues, la exclusión de otros órganos fiscalizadores de la actividad económico-financiera de las Corporaciones Locales», de manera que «no cabe entender que la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas contengan precepto alguno que reserva en exclusiva para este Tribunal la fiscalización de dicha actividad». Y junto a ello, de acuerdo con el art. 48.1º del E.A.C., en el fundamento jurídico 9.º se declaró, asimismo, que «la fiscalización sobre las Corporaciones Locales prevista en la mencionada Ley autonómica 6/1984 (...) forma parte del contenido de la tutela financiera y, por consiguiente, de la competencia derivada del citado precepto estatutario. Y en este sentido no puede considerarse contrario a la Constitución ni al Estatuto el que la Comunidad Autónoma de Cataluña atribuya a los órganos de dicha Comunidad -la Sindicatura de Cuentas- una actividad de control sobre la actuación financiera de las Corporaciones Locales».

     En la misma Sentencia del Tribunal afirma (fundamento jurídico 11) que «la actividad de control realizada por las Comunidades Autónomas no excluye, pues, la que pueda ejercer el Estado, a través del Tribunal de Cuentas, en el ámbito de sus propias competencias sobre la materia». «Ambos controles sobre la actividad financiera de las Corporaciones Locales no tienen por qué excluirse mutuamente, sino que pueden coexistir y superponerse. Dichos controles se concretan en la elaboración de informes, Memorias y su conocimiento puede interesar, para el ejercicio de sus respectivas competencias, aparte de a las propias Corporaciones Locales fiscalizadas, tanto al Estado como a las Comunidades Autónomas y sus respectivas Cámaras legislativas. Todo ello sin perjuicio de la relación de supremacía establecida constitucionalmente entre el Tribunal de Cuentas y los demás órganos fiscalizadores y del empleo, en su caso, de las técnicas tendentes a reducir a unidad la actuación de uno y otros a evitar duplicidades innecesarias o disfuncionalidades, que serían contrarias a los criterios de eficiencia y economía enunciados en el art. 31.2 de la Constitución.»

     Las consideraciones precedentes obligan a afirmar que el art. 115 de la L.R.B.R.L. no incurre en inconstitucionalidad al establecer que «la fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las Entidades Locales corresponde al Tribunal de Cuentas, con el alcance y condiciones que establece la Ley Orgánica que lo regula y sin perjuicio de los supuestos de delegación previstos en la misma», ya que, como hemos recordado, ello no excluye que, en el ámbito territorial de Cataluña y con arreglo a la referida Ley 6/1984, de 5 de marzo, de Sindicatura de Cuentas, también corresponda a ésta la fiscalización externa de las cuentas y gestión económica de las Entidades Locales de Cataluña.

     En cuanto al art. 116, tampoco cabe apreciar tacha de inconstitucionalidad alguna, ya que se trata de una previsión relativa a la organización y funcionamiento de las corporaciones Locales en orden a la aprobación por ellas mismas de sus cuentas anuales que encuentra plena cobertura en la competencia del Estado para fijar las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas (art. 149.1.18.ª de la Constitución) y que, consecuentemente, no vulnera la competencia en materia de régimen local de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

[]

FALLO

     En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA

Ha decidido

1.º Declarar inconstitucionales:

a) El inciso «y en el artículo segundo» del art. 4.2.

b) El art. 5 en su totalidad de acuerdo con lo dicho en el Fundamento Jurídico quinto, y por conexión todas las remisiones al mismo contenidas en la presente Ley.

c) El inciso final («sin otro límite que el respeto a la organización determinada por esta Ley») del art. 20.1 c), y el inciso («sin otro límite que el respeto a la organización determinada por esta Ley») del art. 32.2, en ambos casos en los términos y con el alcance que se precisan en el fundamento jurídico 6.º

d) El inciso final («en todo aquello que su Reglamento Orgánico no disponga lo contrario») del art. 20.2.

e) El inciso final («que regirán en cada provincia en todo aquello en lo que ésta no disponga lo contrario en ejercicio de su potestad de autoorganización») del art. 32.2.

f) El inciso final del art. 48 («y a través del Ministerio de Administración Territorial»).

2.º Declarar que el art. 2.2, no es inconstitucional interpretado en el sentido expuesto en el fundamento jurídico 3.º, extendiéndose este pronunciamiento, por conexión al art. 25.3.

3.º Declarar que no tiene carácter básico el art. 45.2 b) apartados primero y segundo y que, por tanto, su contenido no es vinculante para las Comunidades Autónomas recurrentes.

4.º Desestimar los recursos en todo lo demás.

 

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid, a veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.