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Comparecencia del presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, en el Parlamento de Canarias

Martes, 15/06/2021

El presidente de la ACC ha comparecido,  ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda para presentar el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicio 2019.

 

El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias inició su intervención destacando que la Cuenta General de la Comunidad Autónoma correspondiente a 2019, es la primera formulada en aplicación del nuevo Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias aprobado por Orden de 21 de diciembre de 2018 de la Consejería de Hacienda, con el objetivo de avanzar en el proceso de homogeneización de los procesos de liquidación, análisis y comparación de la gestión de las distintas Administraciones Públicas.

Pedro Pacheco señaló que, en opinión de la Audiencia de Cuentas de Canarias, la situación económica-financiera de las cuentas del ejercicio 2019, sin perjuicio de algunas salvedades por incorrecciones en los estados contables, e  incumplimientos significativos de la normativa que rige la gestión económica que se concretan en las conclusiones del  informe, es favorable. 

No obstante, advirtió que los efectos de la pandemia motivada por la COVID-19 habían originado tanto, un significativo incremento del gasto público  (la finalidad era reforzar la prestación de servicios sanitarios) como una fuerte reducción de los ingresos (la escasa o nula actividad económica motivo que la recaudación de recursos económicos vía impuestos, se viese muy mermada).

 En el año 2019, el presupuesto definitivo consolidado ascendió a 9.423.799,79 millones de €  ejecutándose un total de 8.657,6 millones de €, de los que el 26,8% corresponden a gastos de personal. Globalmente, el grado de ejecución presupuestaria ha sido del 92 %, aún cuando dichos porcentajes en lo que a los capítulos 6 “Inversiones reales” y 7 “Transferencias de capital”  se refiere no superaron el 40,3% y el 73,5% respectivamente. El informe de fiscalización indica que el remanente de tesorería al final del ejercicio, indicador de la solvencia de la entidad era negativo, ascendiendo a -21,5 millones de €., saldo este que entra en contradicción con los elevados remanentes de tesorería que presentan algunos Organismos Autónomos que alcanza la cifra de 511,6 millones de € que lo compensan.

En lo que al gasto en políticas públicas 2019, se refiere, el presidente señaló que este ascendió a 7.722,9 millones de Euros, esto es, 419,8 millones de Euros más que en el ejercicio 2018, donde destaca con un 42,1% en asistencia sanitaria y salud pública, el 22,4% en educación y el 10,7 en aportaciones a Corporaciones Locales.

El porcentaje de obligaciones reconocidas por habitante, conforme se indica en el informe realizado por los auditores, es de 4.020 euros, incrementando en 231 € el importe del ejercicio anterior, con una inversión por habitante media de 305,93€, inferior a la de 2018 de 377,67.

Las fuentes de financiación del presupuesto, al igual que en años anteriores, provienen fundamentalmente de transferencias del Estado y fondos europeos, representando el 70,6% del total de derechos reconocidos.

En cuando al pendiente de cobro, uno de los problemas más relevantes advertidos en las cuentas de ejercicios anteriores continúa, con la senda de reducción iniciada en el ejercicio 2018, situándose en un total de 354,7 millones de €, lo que supone una disminución de 10,2 millones de € con respecto al ejercicio 2018. Aunque en relación con esto se siguen poniendo de manifiesto diversas diferencias entre los sistemas de información de la gestión tributaria y la contable.

A pesar de haber sido un eje en la estrategia de gobierno abierto, sigue sin haber una apuesta decidida por la institucionalización de la evaluación de políticas públicas. La lógica de la intervención pública obedece a que la implantación de una política tiene que producir unos efectos sobre los destinatarios. Por tanto, si los mismos no se miden hace imposible conocer la efectividad de los recursos públicos empleados.

La auditoría confirma que los ingresos del Servicio Canario de Salud fueron insuficientes para financiar sus gastos, a pesar de ser modificados al alza mediante generación de ingresos en 364,6 millones de euros, lo que hizo que su saldo presupuestario fuera negativo en 68,6 millones.

En relación a la contratación con centros especiales de empleo y empresas de inserción, en el informe de fiscalización se pone de relieve que la Comunidad Autónoma incumplió el porcentaje mínimo del 3% .

En cuanto al resultado agregado (diferencia entre ingresos y gastos) del sector público empresarial, en el informe se destaca por una parte que fue negativo en 54,3 millones de €, originado principalmente por las pérdidas de Televisión Pública de Canarias (46,2 millones de €) y por otra los beneficios alcanzados por las entidades PUERTOS y VISOCAN por valor de 5,7 millones de € y 8,9 millones de €, respectivamente.

Asimismo el informe indica que si bien en el año 2019, se alcanzaron los objetivos de estabilidad y deuda pública no sucedió lo mismo en cuanto a la  regla de gasto para la Comunidad Autónoma de Canarias. A este respecto los auditores señalan que la Consejería de Hacienda mantiene una discrepancia con las cifras incluidas en determinados conceptos que están a la espera de su resolución y que pueden ocasionar un recalculo.

Finalmente, el informe de la Audiencia de Cuentas, recoge un total de once recomendaciones con el objeto de contribuir a la mejora de la gestión pública a fin de solventar aquellas incorrecciones detectadas en la fiscalización, además de mantener las diecisiete propuesta de mejora formuladas en ejercicios anteriores y señalar la implementación otras once.​