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El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias presenta tres informes de fiscalización y la memoria del año 2018 en el Parlamento de Canarias

Jueves, 9 Julio, 2020
 
El presidente de la Audiencia de Cuentas expuso en la Comisión de Hacienda y Presupuestos las recomendaciones del órgano sobre la mejora de la gestión de los recursos públicos en las Administraciones canarias
 
Pacheco destacó el esfuerzo realizado por la Cámara regional para retomar la celebración de estas comisiones y acelerar la rendición de cuentas los informes pendientes de presentar al Parlamento por la COVID-19
 
El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC), Pedro Pacheco, ha presentado hoy, durante la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento regional, tres informes de fiscalización, dos del ejercicio de 2017 y uno de 2018, así como la memoria de actuaciones de la ACC en el año 2018.
 
Durante su comparecencia, Pedro Pacheco ha analizado las conclusiones y recomendaciones de cada uno de los informes, dirigidas a la mejora de la gestión de los recursos públicos en los ayuntamientos de las Islas y en el Gobierno de Canarias y sus organismos dependientes.
 
Sobre los dos informes de fiscalización del ejercicio 2017 en torno a la morosidad y los planes económico-financieros de los nueve municipios canarios de entre 30.001 y 50.000 habitantes y los ocho con población superior a los 50.000 habitantes, el presidente de la ACC explicó que algunas corporaciones locales incumplen los plazos legales de pago a proveedores, “poniendo en serio riesgo su sostenibilidad financiera y el cumplimiento, en el medio plazo, de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública” e implicando unos costes financiero para las empresas afectadas. Los incumplimientos son puntuales en los 9 ayuntamientos fiscalizados del 30.001 a 50.000 habitantes y más abundantes en los 8 de más de 50.000, en los que solo un cumple en el periodo 2017, dos tiene incumplimientos puntuales y 5 no cumplen los plazos legales.
 
En este sentido, y a la vista del nivel de incumplimientos detectados, Pacheco aludió a la conveniencia de que por parte necesidad de reforzar los controles por parte del Gobierno de Canarias se asuma la competencia de tutela financiera prevista en el artículo 180 del Estatuto de Autonomía 
 
Fiscalización de las subvenciones pendientes de justificar
 
Otro de los asuntos abordados durante su intervención en la Comisión fue el del análisis de los expedientes de subvenciones pendientes de justificar desde enero de 1980 hasta abril de 2018. 
 
La cifra pendiente de justificar a febrero de 2018 ascendía a 453,8 millones de €, en mayo de 2019 ascendía a 387,9 millones de €, y en octubre del mismo año 325,5 millones de €. Se observan el trabajo de actualización realizado por los centros gestores e impulsado por la Intervención General de la Consejería de Hacienda, que ha permitido minorar la cifra de pendiente en 65,9 millones de €, a mayo 2019 y en 128,3 millones de € a octubre 2019. Destacó que el saldo con más problemas para su gestión es el importe contabilizado hasta 2010 en el antiguo sistema contable por los problemas de localización de documentación, así como por la posible afectación de la prescripción debido al tiempo transcurrido.
 
La ACC recoge en su informe la necesidad de que los centros directivos que gestionan estas subvenciones continúen con las tareas de depuración de las justificaciones, especialmente los anteriores a 2010, que se cumplan los plazos de control de justificaciones del Decreto de subvenciones de la Comunidad, desarrollo de aplicaciones de gestión específicas que permitan el control, dotación de personal para acometer esta tarea. Destacó Pedro Pacheco la recomendación de que “los departamentos con un mayor volumen de subvenciones creen unidades especializadas de seguimiento y control de los expedientes para lograr mayor eficiencia”.
 
Para concluir, el presidente del órgano externo canario reiteró el esfuerzo realizado por el Parlamento de Canarias, a través de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, para ponerse al día en la aprobación de los informes que quedaban pendientes, a pesar de las dificultades generadas por la pandemia de la COVID-19 y la declaración del estado de alarma.