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La Audiencia de Cuentas de Canarias presenta en el Parlamento los informes de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma y de la gestión turística de los Cabildos Insulares

Miércoles, 6 Abril, 2016
Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias

Rafael Díaz también expuso las fiscalizaciones de la gestión de la Tesorería y Actividad Financiera de la Comunidad Autónoma, el Fondo de Compensación Interterritorial y de la regularidad de los ingresos y gastos electorales del ejercicio 2015

El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Rafael Díaz, presentó hoy miércoles ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias, el informe elaborado por el órgano auditor sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias correspondiente al ejercicio de 2014, después de que fuera aprobado por unanimidad de los miembros del Pleno del órgano fiscalizador.

De acuerdo con las conclusiones del informe de la Cuenta General, Díaz explicó que con respecto a años anteriores, en 2014 se amplió la desviación entre las cifras previstas de ingresos y gastos de las efectivamente registradas, lo que se manifiesta en un incremento del saldo positivo por valor de 235 millones de euros. Esta desviación se compensó, en parte, con la reducción del importe de acreedores pendientes de aplicar al presupuesto en 41,8 millones, continuando así la tendencia decreciente iniciada en ejercicios anteriores.

Las principales fuentes de ingresos procedieron de aportaciones del Estado (56% de los recursos), seguidas de la financiación obtenida por operaciones de endeudamiento (24%). Desde la perspectiva del gasto, las políticas públicas se concentraron en sanidad (43%) y educación (23%). Ambas áreas, junto con acción social, conforman los denominados servicios públicos fundamentales, cuya cobertura corresponde al Estado, que está siendo insuficiente.

En lo relativo a la ejecución presupuestaria, en materia de ingresos se ejecutó por encima del 100% y en cuanto a los gastos se superó el 97%. La ACC recomienda, dado el incremento anual del saldo pendiente de cobro de derechos de ejercicios cerrados, consecuencia de su baja recaudación, que se realice un estudio específico sobre el estado de los cobros a través de Intervención General.

Con respecto a los organismos autónomos y otras entidades públicas, la Audiencia aconseja al Servicio Canario de la Salud que adopte medidas para finalizar la subsanación de las incidencias detectadas por la Intervención General en los criterios contables. A su vez, recomienda que el sistema contable de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural refleje el importe correspondiente al remanente de tesorería y que se permita un seguimiento de los gastos presupuestarios que se financien.

En relación con las operaciones financieras, el informe constata que la administración autonómica ha obtenido excedentes de tesorería en los últimos ejercicios y que las empresas públicas, sin embargo, han tenido déficit de liquidez, originando en las empresas incumplimientos en los plazos de pago, viéndose éstas obligadas a renegociar operaciones de endeudamiento al no poder afrontar las amortizaciones en el momento del vencimiento. En este sentido, el órgano auditor recomienda analizar la conveniencia de transferir parte del excedente de tesorería de la administración a las empresas públicas, bajo ciertas condiciones que garanticen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda, así como de los planes de viabilidad de las empresas.

Por otro lado, en el mencionado documento se mantienen algunas recomendaciones formuladas en informes de fiscalización anteriores como, por ejemplo, la aplicación de un sistema de evaluación de políticas públicas para la mejora de la elaboración del presupuesto.

Finalmente, la Audiencia de Cuentas de Canarias ha detectado que algunas indicaciones realizadas en el ejercicio 2013 se han tenido en cuenta. Entre ellas, destaca que las anotaciones contables han sido supervisadas por la Intervención Delegada en el Tesoro o la creación de una central de información de riesgos dependiente de la Consejería de Hacienda en relación con el control de operaciones de endeudamiento por las entidades integradas en el sector público.

Otras fiscalizaciones

Rafael Díaz también expuso el informe de fiscalización sobre la gestión turística de los Cabildos Insulares en el ejercicio de 2013, sobre la gestión de la Tesorería y Actividad Financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias en los años 2011 y 2014 y el informe de la regularidad de los ingresos y gastos electorales rendidos derivados de las elecciones al Parlamento de Canarias en 2015.

Con respecto a la fiscalización sobre la gestión turística, la ACC recomienda a todas las entidades la elaboración de una relación o memoria donde se recojan las distintas actividades turísticas realizadas como documento de control y gestión. Y, asimismo, aconseja a aquellas entidades que gestionen y exploten centros turísticos que adopten las medidas necesarias para que la relación ingresos-gastos de la actividad adquiera una posición de equilibrio.

Rafael Díaz también presentó el informe de fiscalización de la gestión de la Tesorería y Actividad Financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias en los ejercicios de 2011 a 2014. En este informe se constata que la Dirección General del Tesoro del Gobierno autonómico ha corregido las deficiencias e irregularidades puestas de manifiesto por el órgano de control externo en el informe correspondiente al año 2002, al tiempo que se destaca que el periodo medio de pago de la Tesorería de la Comunidad Autónoma está por debajo del número de días fijado por la legislación aplicable en cada momento, situándose en 2014 en 27,06 días.

Con respecto al informe de fiscalización de la regularidad de los ingresos y gastos electorales rendidos derivados de las elecciones al Parlamento de Canarias en 2015, la ACC propone, para los partidos que han obtenido al menos un escaño, el abono de la subvención en un importe igual a la cifra de gastos electorales justificados hasta el máximo de la subvención a la que tiene derecho cada formación. De esta forma, teniendo en cuenta los anticipos otorgados, algunas formaciones tienen que recibir una cantidad hasta alcanzar la cuantía propuesta, mientras que otras deben reintegrar parte del dinero, ya que el anticipo fue superior a la cifra de gastos justificados.