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La Audiencia de Cuentas de Canarias presenta en el Parlamento diez informes de fiscalización

Jueves, 22 Octubre, 2015

Rafael Díaz abordó, entre otros temas, los procedimientos de gestión del IGIC, del Fondo de Compensación Interterritorial y de la Prestación Canaria de Inserción  (PCI), así como el informe parcial de Fiscalización del Ayuntamiento de Arrecife

El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Rafael Díaz, presentó hoy jueves ante la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda del Parlamento de Canarias, un total de seis informes de fiscalización relativos a la gestión de determinados tributos, ayudas, programas y servicios públicos por parte de diferentes entes públicos. Asimismo, también expuso los resultados de los informes de fiscalización relativos a la gestión de las cuentas del Ayuntamiento de Arrecife en el ejercicio 2009 y de las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria (ejercicios 2012 y 2013) y de La Laguna (ejercicio  2012).

Entre los informes presentados se encuentra el de fiscalización de los procedimientos de gestión del Impuesto General Indirecto (IGIC), en el que órgano auditor analiza y evalúa los controles realizados y verifica la eficacia de los diferentes procedimientos de gestión y su cumplimiento. En este contexto, Rafael Díaz destacó la falta de un sistema integral de información que permita soportar la gestión completa del IGIC, así como la insuficiencia de información para medir la efectividad de la acción tributaria.

Además, el informe presentado concluye que “la gestión que la Administración Tributaria Canaria realiza del IGIC interior está impulsada, mayoritariamente, por acciones provocadas por los propios contribuyentes (presentación de declaraciones, solicitudes de devolución, etc.)” y recomienda a la Agencia Tributaria Canaria la puesta en marcha de una serie de “medidas  destinadas a aumentar la eficiencia de los procedimientos de gestión” y a obtener una  visibilidad completa de los resultados en todo el proceso, de principio a fin.

El orden día también incluyó la presentación del informe de fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial relativo al ejercicio  2013  y en el que, según explicó Rafael Díaz,  se concluye que ha habido una mejora tanto en la previsión presupuestaria de los ingresos como en la ejecución presupuestaria, cifrada en el 91,2 por ciento de los 83,8 millones de euros a los que ascendía su presupuesto. Aun así, aboga por “continuar esta tendencia con la finalidad de optimizar el ajuste de la dotación de la previsión presupuestaria de ingresos procedentes de remanentes del Fondo con el total de los importes pendientes de ejecutar”.

Durante su intervención en la Comisión parlamentaria, Rafael Díaz también se refirió a las conclusiones del informe de fiscalización de las ayudas enmarcadas en la Prestación Canaria de Inserción  (PCI) durante el periodo 2011-2013, en las que el órgano rector propone diversas medidas para unificar el proceso de tramitación, compartido por los ayuntamientos y la Consejería autonómica competente en Asuntos Sociales; mejorar la coordinación de los servicios sociales de ambas administraciones, y avanzar en una mayor eficiencia.

En este contexto, el informe considera prioritario que se ejecute la totalidad del presupuesto del PCI, evitando que parte del crédito quede en situación de no disponibilidad por política presupuestaria. También apuesta por simplificar el procedimiento sancionador, de modo que sea factible su aplicación en la práctica, salvaguardando las garantías que deban operar respecto a los perceptores, así como por establecer un único plazo conjunto para la resolución de la solicitud para el ayuntamiento y la Consejería de políticas sociales, pues el plazo de 3 meses dispuesto para los ayuntamientos queda desvirtuado por la interrupción del plazo al reiterar la petición de documentación al solicitante o al devolver el PAI para su modificación.

Otro de los trabajos expuestos por el presidente de la Audiencia de Canarias se refiere a la fiscalización de los programas e iniciativas de formación profesional para el empleo del sector turístico, en el que el órgano fiscalizador llega a la conclusión de que existen algunas carencias y debilidades, sobre todo por la insuficiencia de mecanismos que ayuden a adecuar los estudios a las demandas reales del mercado de trabajo, la necesidad de mayor formación en idiomas o la falta de recursos suficientes para tener unas instalaciones más adecuadas.

Unos problemas que desde la ACC se propone superar, “potenciando la cooperación entre las administraciones y los agentes sociales implicados, para lo que habría que introducir mejoras en los instrumentos existentes para la planificación y programación en esta materia, entre otras acciones”, según explicó su presidente.

Con respecto a la fiscalización del uso del agua agrícola por las entidades locales, Rafael Díaz destacó las conclusiones del informe de la ACC, en las que se pide potenciar acciones normativas y de gestión por parte de las entidades públicas que integran la Comunidad Autónoma de Canarias, en aras de una mejor reutilización, tratamiento y vertido de las aguas residuales, de manera que se reduzcan sus efectos negativos en el medio ambiente.

El mismo informe concluye que la isla de Tenerife es la única que financia su actuación en este ámbito, después de comparar los costes del servicio estimados por las entidades con la facturación en concepto de venta de agua de uso agrícola, conducciones, cánones, elevaciones y otros, por lo que  propone que las entidades locales “cobren una contraprestación por la prestación del servicio en aquellos supuestos en los que no se esté haciendo ya y que procedan a la actualización y adecuación de los precios o importes a percibir, al objeto de garantizar la estabilidad financiera”.

En relación con la fiscalización de los servicios prestados en materia de mataderos por los Cabildos Insulares correspondientes al ejercicio 2012,  el informe de la ACC destaca la necesidad de dotar a cuatro de ellos de un reglamento u ordenanza para regular las normas de funcionamiento, los derechos y obligaciones de los usuarios. Además, detecta que los cabildos insulares no han actualizado las ordenanzas fiscales, por lo que se recomienda su adecuación con el objeto de garantizar el mantenimiento, el correcto desarrollo del servicio y su estabilidad financiera.

Otro de los informes expuestos durante la Comisión parlamentaria es el de fiscalización parcial de la Cuenta General del ayuntamiento de Arrecife en 2009, en el que se detecta “diversas deficiencias en  el sistema de control” que afectan a la organización, a los presupuestos, a la contabilidad y a la rendición de cuentas y a la tesorería, condicionando la fiabilidad de los registros y la representatividad de las cuentas.

En concreto, el informe asegura que los expedientes administrativos “no contienen toda la documentación que soporta cada una de las actuaciones adoptadas por el Ayuntamiento”, y considera que “la supervisión y control de las operaciones de gastos e ingresos municipales ha sido claramente insuficiente”. En este contexto, el informe expuesto por el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias recomienda al Ayuntamiento “dotarse de procedimientos adecuados para asegurar el control de las operaciones, posibilitar la interrelación entre los diferentes servicios y crear un sistema de archivo de documentación y formación de expedientes con objeto de que todas las operaciones queden suficientemente acreditadas y justificadas”.

Universidades

Es este ámbito se presentaron los informes realizados con el Tribunal de Cuentas, en relación con ambas universidades correspondientes al ejercicio 2012. En ellos se destaca la existencia de un desajuste entre la oferta y la demanda de plazas educativas y se aconseja emprender acciones para captar nuevas fuentes de ingresos, que permitan incrementar los recursos que recibe del sector público, sin renunciar a estos últimos.

En cuanto al informe relativo a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria del ejercicio 2013, el órgano auditor concluye que tanto las cuentas anuales de la Universidad, así como las cuentas consolidadas con sus fundaciones y sociedades para el mismo ejercicio, se han presentado conforme a la legalidad. Además, el informe del órgano auditor pone de manifiesto que el balance de las cifras económicas está equilibrado y mantiene la estructura del Plan General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Hacienda.