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La Audiencia de Cuentas fiscaliza la gestión de los mataderos por parte de los cabildos insulares

Martes, 14 Julio, 2015

Las cuentas analizadas por el órgano auditor, en coordinación con el Tribunal de Cuentas, corresponden al ejercicio 2012

La Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) ha realizado el informe de fiscalización de los servicios prestados en materia de mataderos por los cabildos insulares correspondientes al ejercicio 2012, del cual extrae que es necesaria la incorporación a cuatro de ellos de un reglamento u ordenanza para regular las normas de funcionamiento, los derechos y obligaciones de los usuarios.

Por otro lado, la ACC, en su informe elaborado en coordinación con el Tribunal de Cuentas por el área de Cabildos Insulares, cuyo responsable es el Consejero-Auditor Juan Carlos Alemán, ha detectado que los cabildos insulares no han actualizado las ordenanzas fiscales, por lo que se recomienda su adecuación con el objeto de garantizar el mantenimiento, el correcto desarrollo del servicio y su estabilidad financiera.

También se observa una disminución con respecto al ejercicio anterior, tanto en cabezas de ganado como en toneladas sacrificadas, lo que se traduce en una disminución de la actividad en este periodo.

De los seis cabildos que gestionan el servicio de matadero de forma directa, cinco corporaciones lo gestionan directamente y uno a través de una sociedad mercantil íntegramente local. El informe también extrae que los mataderos de las islas capitalinas, gestionados por los servicios municipales, pasan de una situación de déficit en 2012 a superávit en 2013 por las subvenciones de explotación otorgadas por los cabildos insulares respectivos.

No obstante, se observa que los ingresos propios de los mataderos insulares son insuficientes para hacer frente a los gastos, con un déficit agregado total de 4,1 millones de euros. En cuanto a los ingresos, también todos los mataderos insulares presentan una situación deficitaria.

Es por ello que la Audiencia de Cuentas de Canarias recomienda a las entidades locales que no cobran una contraprestación económica por la prestación del servicio que establezcan la que corresponda con el objeto de evitar estos datos negativos.