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Antecedentes

El control externo en Canarias

En la historia administrativa de Canarias, son muchas las referencias existentes a la presencia de órganos de control tanto internos como externos encargados de la vigilancia, intervención y fiscalización del destino dado a los caudales integrantes del erario público.

Así, en el Fuero de Gran Canaria en 1494 y en las antiguas Ordenanzas de la isla de Tenerife de 1540 se encuentran numerosas disposiciones ordenadoras del control interno de los ingresos y pagos y reguladoras de la Contaduría y de la llevanza de libros, así como de la Mayordomía y Depositaría.

Del mismo modo, la Real Audiencia ejercitó el control externo a través de sus Oidores y Jueces visitadores de cuentas, de cuyas actuaciones se conservan expedientes fechados en 1543. El Contador debía remitir a la Real Audiencia copia de las cuentas anuales con su informe y correspondía al citado Tribunal la aprobación definitiva de las mismas y su remisión al Consejo de Castilla. A partir de la Real Orden de 8 de febrero de 1752, las funciones de auditoría externa fueron monopolizadas en su totalidad por la Real Audiencia de Canarias y se extinguió la supervisión que sobre ella efectuaba el Consejo de Castilla.

También actuaron en diversas ocasiones como fiscalizadores de las cuentas públicas los Diputados del Común y los Síndicos Personeros, de los que la propia Audiencia se sirvió para que estuviesen presentes en la rendición de cuentas de los Regidores de fondos municipales. Entre ellos destacaron Lucas Gesquier, Dionisio O'Daly y Pérez de Brito, quienes lograron de la Real Audiencia reiteradas resoluciones correctoras y sancionadoras como consecuencia de graves faltas cometidas por los Regidores en el manejo de los caudales públicos.

Nacimiento de la Audiencia de Cuentas de Canarias

Canarias, al igual que sucedió en la mayoría de las comunidades autónomas,  no previó la creación de un órgano propio de control externo en el momento de la promulgación de su Estatuto de Autonomía, acaecida el 10 de agosto de 1982 (posibilidad tan solo contemplada en los estatutos de autonomía de Cataluña, Galicia, Navarra y Valencia).

Sin embargo, no habían aún transcurrido siete años, el 2 de mayo de 1989, cuando  el Parlamento de Canarias decidió, en base a lo dispuesto en el artículo 148.1.1 de la Constitución Española que atribuye a las comunidades autónomas la competencia exclusiva para organizar sus instituciones de autogobierno, instituir la Audiencia de Cuentas de Canarias como órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma, así como de los demás entes públicos de Canarias.

De esta manera, Canarias se convertía en la séptima comunidad autónoma, por detrás de Navarra, Cataluña, Valencia, Galicia, País Vasco y Andalucía en contar un órgano técnico con competencias para controlar la actividad financiera del sector público autonómico, al que sin duda alguna, el Parlamento de Canarias en el año 1996 le iba a dar el respaldo definitivo, al convertirlo en órgano estatutario, quedando encuadrada su regulación, en el Título IV del Estatuto de Autonomía de Canarias, concretamente en el apartado segundo del artículo 61. No se tienen en cuenta a las Islas Baleares, porque a pesar de haber promulgado en l987 la Ley por la que se crea la Sindicatura de Cuentas, esta no se constituye hasta el año 2003.

La denominación de Audiencia de Cuentas de Canarias se establece como símbolo de respeto hacia las Instituciones tradicionales canarias y para no utilizar el nombre de Tribunal y así evitar confusiones innecesarias con el Tribunal de Cuentas.